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  • Sentencia nº 230 de Tribunal Supremo, 27 de Diciembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 35273715
    liderato SEGUNDO El incumplimiento del acuerdo del 15 de mayo de 2005 aprobado por la Asamblea General TERCERO el incumplimiento del acuerdo del caucus PNP en el senado del 26 de mayo de 2005 CUARTO el incumplimiento de su obligación contractual con el partido a los fines de acatar y respetar los acuerdos de los organismos de la colectividad QUINTO la expresión clara robusta y convincente de el organismo de mayor autoridad y representatividad de nuestro partido Asamblea General de Delegados a los fines de que en el ejercicio de nuestro derecho constitucional declaramos que no queremos asociarnos con los querellados en ninguna candidatura puesto directivo campaña ni evento electoral Posteriormente el licenciado Rivera Schatz presentó una segunda querella solicitando se extendiera al querellado Senador Díaz Sánchez lo planteado en la originalmente instada por él contra los demás Senadores El Comité celebró vistas por separado para cada uno de los Senadores El 9 de julio de 2007 el Comité emitió una Resolución determinando no calificar a los Senadores para participar como aspirantes en la primaria interna del P N P Sostuvo entre otras cosas lo siguiente Revisados los hechos alegaciones y el expediente en los casos de los peticionarios querellados Jorge De Castro Font Carlos Díaz Sánchez Migdalia Padilla Alvelo y Luz Z Arce Ferrer celebradas las vistas correspondientes consideradas las querellas de impugnación presentadas y escuchadas todas las partes este Comité de Evaluación por unanimidad concluye lo siguiente 1 La afiliación al Partido Nuevo Progresista es un requisito indispensable para que un elector cualificado pueda ser certificado por este Comité como aspirante primarista Así lo exigen al Reglamento del Partido el Reglamento de Primarias del Partido y hasta la Ley Electoral de Puerto Rico Ley Electoral Artículo 4 014 Aceptación de Candidato a Primarias Todo elector aspirante a una nominación para un cargo público electivo mediante el sistema de primarias deberá figurar en el Registro de Electores Afiliados del partido que corresponda y prestar juramento ante notario o funcionario capacitado para tomar juramentos de que acepta ser postulado como candidato de que acatará el reglamento oficial de su partido y de que cumplirá con los requisitos constitucionales aplicables y con las disposiciones de esta ley Énfasis nuestro Por su parte el Reglamento del Partido vigente aprobado por la Asamblea General en 14 de agosto de 2005 y cuya vigencia no controvertida se extenderá más allá de las elecciones generales de noviembre de 2008 delinea específicamente la obligación de sus miembros y afiliados Artículo 5 Obligación de Defender la Declaración de Propósitos y el programa de Gobierno del Partido Todo miembro del Partido aceptará y defenderá la Declaración de Propósitos y el Programa de Gobierno del Partido Podrá sin embargo presentar sus propuestas recomendaciones o posiciones individuales dentro de los organismos correspondientes del Partido No obstante siempre deber a acatar y defender la Declaración de Propósitos y el Programa de Gobierno vigente A esos fines toda persona que aspire a una posición electiva bajo la insignia del Partido en una elección general o que aspire a un cargo en el Directorio del Partido o como Presidente de Comité Municipal o de Precinto al presentar su intención como aspirante deberá presentar una declaración de fidelidad en la que hace constar su lealtad a la Declaración de Propósitos y al Programa de Gobierno del Partido La Declaración de Propósitos incluye la lealtad a los principios de disciplina y respeto a los reglamentos de la colectividad sus acuerdos y resoluciones de conformidad con el Artículo 8 Énfasis nuestro El Artículo 8 en su parte pertinente dispone Artículo 8 Todo miembro del Directorio y de la Junta Estatal incluyendo a los funcionarios que obtuvieron cargos electivos bajo el emblema del Partido tienen pleno derecho a expresar con absoluta libertad sus opiniones o preferencias ente los organismos del Partido a los que pertenece Pero una vez el asunto es discutido y resuelto y habiéndose tomado una decisión democráticamente por votación mayoritaria del organismo concerniente esta se convierte en la posición institucional del Partido excepto si el organismo la reconsidera o un organismo de superior jerarquía adopta una distinta 2 El récord y los hechos confirman sin lugar a dudas que a partir de enero del año 2005 por razones de sus intereses personales los peticionarios querellados incurrieron en conductas voluntariosas temerarias y lesivas al Partido Nuevo Progresista 3 Mientras a principios del año 2005 los senadores aquí peticionarios querellados tenían el apoyo mayoritario del Caucus PNP del Senado para mantener sus posiciones de máximo liderato y privilegios en ese cuerpo legislativo argumentaban públicamente que ese organismo auxiliar del Partido creado por el Artículo 45 de nuestro Reglamento constituía la máxima autoridad para hacer esa determinación 4 No obstante cuanto los peticionarios querellados perdieron el apoyo mayoritario del Caucus del PNP procedieron a menoscabar el mandato electoral y democrático de las elecciones generales de 2004 que delegó la mayoría parlamentaria senatorial al Partido Nuevo Progresista creando una alianza con senadores de otros partidos y despojando institucionalmente al PNP y a sus senadores de la mayoría legislativa que les había delegado el pueblo en las urnas 5 Por sus propios actos los senadores peticionarios querellados quedaron desafiliados voluntariamente del Partido Nuevo Progresista al colocarse no tan solo al márgen del Partido y su Reglamento sino también en contraposición política reglamentaria y programática en perjuicio del Partido y del pueblo de Puerto Rico en violación de a sus juramentos de Fidelidad Institucional juramentados ante notarios y cuyo requisito para obtener una aspiración primarista también esta dispuesto y protegido en el Artículo 4 014 de la Ley Electoral y b en contraposición a las normas reglamentarias que delinean la conducta de un miembro afiliado a la colectividad incluso cuando aspira y ocupa un cargo electivo Artículo 5 y 8 del Reglamento PNP 6 Cabe señalar que ningún senador o representante es electo por el pueblo para ocupar ninguna posición de liderato dentro de las cámaras legislativas No hay derecho propietario individual alguno para las posiciones de liderato legislativo Ninguna disposición constitucional estatutaria ni reglamentaria dispone para garantizar posiciones de liderato legislativo a ningún senador o representante electo Por el contrario una vez son certificados los resultados electorales por la Comisión Estatal de Elecciones se determina cual es el partido político que conforma la mayoría legislativa y cuales partidos se organizarán como delegaciones minoritarias Consumado lo anterior son entonces los legisladores del Caucus del Partido de Mayoría los que determinan por votación quienes ocuparan las distintas posiciones de liderato dentro de cada cuerpo legislativo Esa decisión es una de carácter rigurosamente político pues responde a las visiones de estrategias políticas y programáticas del partido político y no a las de ninguno de sus miembros en particular Incluso a los caucus de los partidos de minoría se les reconoce la facultad de recomendar quienes de sus miembros deben ocupar determinadas posiciones dentro del pleno o de las comisiones legislativas Es a los partidos políticos constituidos como caucus o delegaciones a quienes corresponde organizar los trabajos y las posiciones de liderato legislativo En el caso de los senadores aquí peticionarios querellados es evidente que el Caucus del Partido Nuevo Progresista y sus organismos rectores con mayor representatividad determinaron por votación y democráticamente que los intereses políticos estratégicos reglamentarios y programáticos del Partido estarían mejor servidos otorgando la presidencia del Senado al Presidente del Partido 7 Con el propósito de mantener complacidos a los senadores y a los partidos de posición que mantienen su apoyo a sus posiciones de liderato senatorial y privilegios personales en el Senado de Puerto Rico los peticionarios querellados han promovido con sus votos la aprobación de legislación lesiva a nuestro pueblo y en contraposición del Partido Nuevo Progresista Ejemplo evidente de lo anterior constituye la manipulación del trámite legislativo senatorial que impuso una tasa contributiva abusiva sobre las ventas y usos en contra de la pública y ferviente oposición institucional del partido 8 Los antecedentes de los peticionarios querellados le hacen concluir inequívocamente a este Comité que se trata de personas cuyos intereses individuales son los que determinan sus actos políticos según las conveniencias personales de cada momento y cada circunstancia Carecen de credibilidad violentan sus propios juramentos de fidelidad y ahora pretenden ir contra sus propios actos para obtener el beneficio de aspirar a una candidatura utilizando el emblema los recursos y la base electoral del Partido solamente cuando les conviene en su carácter personal e individual 9 Definitivamente no estamos frente a electores afiliados al Partido Nuevo Progresista Nuestro más alto foro judicial el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América clara y diáfanamente ha reconocido que los partidos políticos tienen el derecho y la prerrogativa de determinar quienes son miembros afiliados de su colectividad Véase Democratic party of the United States v Wisconsin 101 SCT 1010 1019 1981 10 Este Comité concluye que los señores Jorge de Castro Font y Carlos Díaz Sánchez y las señoras Migdalia Padilla Alvelo y Luz Z Arce Ferrer son electores que una vez fueron afiliados a nuestro Partido pero por sus propios actos y conducta contumaz se desafiliaron voluntariamente de facto y de jure sustantiva y cualitativamente de este Partido No deben figurar en el Registro de Afiliados al PNP que contempla nuestro Reglamento y que la Ley Electoral en su Articulo 3 028 protege como una facultad exclusiva y potestativa de los partidos políticos 11 Estamos frente a electores que alegan ser estadistas y progresistas afiliados por conveniencia momentánea para adelantar sus aspiraciones personales de reelección frente a una nueva elección general Electores que pretenden volver a utilizar el beneficio de ser elegidos bajo el emblema de un partido pero que han demostrado que una vez ocupan el cargo actúan como si hubieran sido electos como candidatos independientes según les convenga unilateral y personalmente Sin embargo al momento de buscar la reelección se niegan a utilizar el mecanismo de la candidatura independiente que se ajusta a sus conductas como electores porque ello les ocasiona mayores dificultades gastos esfuerzos y poca o ninguna posibilidad de ser elegidos 12 Reglamentariamente el Partido Nuevo Progresista no puede ni debe prestar su emblema para aspirantes o candidatos que actúan a conveniencia personal y hasta en perjuicio político reglamentario y programático de la colectividad a la que juran lealtad y fidelidad institucional Los peticionarios querellados como cualquier otro elector en su misma situación de conducta y antecedentes no merecen la confianza del Partido ni ser considerados como sus afiliados Por sus propios actos realmente son adversarios del Partido Nuevo Progresista 13 Los peticionarios querellados no cumplen con los requisitos de idoneidad ni con los valores compromisos lealtades y fidelidades institucionales del Partido Nuevo Progresista 14 Aunque los senadores peticionarios querellados lograran su elección en primarias y en elecciones generales los mismos no podrían ser miembros del Caucus PNP en ningún cuerpo legislativo pues esa membresía está fundamentada en la disciplina la confianza y en la lealtad institucional hacia el Partido su Reglamento su Programa de Gobierno los acuerdos y las directrices de sus organismos rectores Obligar a un partido político a tener que incluir en sus cuadros de candidatos a personas que considera non gratas que no los considera sus afiliados y que no cumplen cabalmente con los requisitos anteriores sería un intento de manipular el proceso político para colocar al Partido Nuevo Progresista en desventajas electorales frente a los demás partidos tanto durante el proceso eleccionario como en su posterior desempeño en la función programática y gubernamental Recomendaciones al Directorio Considerando plenamente los derechos electorales de los peticionarios querellados y también los derechos electorales de los ciudadanos organizados legítima y democráticamente en el Partido Nuevo Progresista pues ambas partes están igualmente protegidas por nuestra Constitución estatal y federal y por nuestra Ley Electoral determinamos lo siguiente 1 No cualificar la solicitud de los peticionarios querellados para figurar como aspirantes en la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista en la Primaria Interna de 9 de marzo de 2008 2 Dejar claramente establecido que esta descalificación está fundamentada sic en los Artículos 4 007 Procedimiento para Descalificación de Candidatos 4 014 Aceptación de Candidato a Primarias y 3 028 Registro de Electores Afiliados de la Ley Electoral de Puerto Rico 3 Determinar que la exclusión de los peticionarios del Registro de Afiliados del PNP responde a claras y evidentes violaciones a los Artículos 5 8 y 45 del Reglamento del Partido 4 A que la solicitud de aspiración primarista que presentaron incluyendo la renovación de sus formularios de afiliación y sus juramentos de fidelidad al Partido con miras a la primaria y la elección general de 2008 son equivalentes a las mismas que presentaron en el 2003 pero que incumplieron y perjuraron con sus actos convirtiéndose en personas non gratas para el Partido 5 Que el Partido no los considera ni los puede aceptar como sus afiliados con miras a los próximos eventos eleccionarios pues ellos mismos incurrieron en la desafiliación voluntaria y resultante de sus evidentes actuaciones voluntariosas perjuradas y prejuiciosas en contra del Partido sus organismos y su electorado afiliado 6 Que en el caso de negar haberse desafiliado voluntariamente por sus actos el Partido y sus organismos le reiteren que en efecto no los considera miembros afiliados que no son elegibles para formar parte de ningún organismo del Partido incluyendo los caucus y la conferencia legislativa creados por el Artículo 45 de nuestro Reglamento ni para figurar como sus candidatos en ningún proceso electoral 7 Tomar cualquier acción ulterior que el Directorio considere pertinente 8 Notificar a las partes afectadas Las recomendaciones del Comité fueron acogidas por el Directorio por votación mayoritaria El 23 de julio de 2007 el P N P presentó en el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan una Petición de Descalificación Alegó en síntesis que los Senadores De Castro Font Díaz Sánchez así como las Senadoras Padilla Alvelo y Arce Ferrer no cumplían con las disposiciones de la Ley Electoral supra y el Reglamento del P N P al haber incurrido en violaciones al mismo por no acatar los acuerdos de la Asamblea General y el caucus de la mayoría senatorial Se indicó además que los Senadores no cumplían con los requisitos de idoneidad ni con los valores compromisos lealtades y fidelidades institucionales del P N P Se solicitó que de conformidad con el Artículo 4 007 de la Ley Electoral supra se declarara con lugar la petición de descalificación en contra de los Senadores El 3 de agosto de 2007 los Senadores presentaron su Contestación Jurada a Querella de Descalificación Alegaron entra otras cosas que las sentencias emitidas en McClintock Hernández v Rivera Schatz supra constituyen cosa juzgada en cuanto a los hechos del caso en autos Indicaron además que el P N P violentó la Ley Electoral supra al desafiliarlos por disentir en asuntos no programáticos y no reglamentarios y en violación al procedimiento dispuesto en el Reglamento de ese partido Ese mismo día los Senadores presentaron una Moción para Que Se Dicte Sentencia por las Alegaciones al Amparo de la Regla 10 3 de Procedimiento Civil El 9 de agosto de 2007 el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la Moción para Que Se Dicte Sentencia por las Alegaciones al Amparo de la Regla 10 3 de Procedimiento Civil presentada por los Senadores El 10 de agosto de 2007 los Senadores presentaron en este foro una Solicitud de Certificación la cual fue declarada no ha lugar Después de celebrar varios días de vista evidenciaria el 17 de septiembre de 2007 notificada a las partes el 19 de septiembre de 2007 el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia declarando con lugar la Petición de Descalificación presentada por el P N P Sostuvo entre otras cosas lo siguiente Interpretados en conjunto los artículos precitados del Reglamento del P N P del 2005 concluimos que entre los requisitos que debe reunir un elector afiliado para poder participar en las primarias del 2008 están 1 disciplina lealtad compromiso y respeto hacia los reglamentos resoluciones acuerdos y compromisos programáticos adoptados por votación mayoritaria 2 aceptar y defender la Declaración de Propósitos del Reglamento y el Programa de Gobierno del P N P y 3 acatar las decisiones de la Asamblea General Consideradas las disposiciones reglamentarias aquí transcritas y la evidencia presentada en la vista en su fondo resolvemos que la decisión del Directorio del P N P en relación con la determinación de violación a las disposiciones reglamentarias del partido por falta de disciplina lealtad y compromiso hacia la Declaración de Propósitos del Reglamento del 2005 y hacia la decisión de la Asamblea General no es una arbitraria ni caprichosa Por tanto este tribunal no habrá de intervenir con la determinación de no calificación del P N P basada en la interpretación de un reglamento interno para no violentar la Sec 6 Art II de la Constitución de Puerto Rico que reconoce como un derecho fundamental el derecho de asociación La libertad de asociación incluye y protege la prerrogativa de los partidos políticos de seleccionar los candidatos que habrán de representarles y que divulgarán su plataforma mensaje ideología y programa En cuanto al planteamiento de los codemandados consistente en que el Comité no les garantizó un debido procedimiento de ley surge de la evidencia lo contrario Los cuatro codemandados fueron notificados con copia de las dos querellas presentaron oposición por escrito a las querellas con evidencia documental se celebró una vista tuvieron representación legal tuvieron la oportunidad para presentar evidencia y refutar las alegaciones de las querellas y al evidencia que se acompañó con las mismas no se cuestionó la imparcialidad de la mayoría de los miembros del Comité no hay evidencia de que la decisión del Directorio no está basada exclusivamente en el récord no se cuestionó la imparcialidad de los miembros del Directorio organismo que emitió la decisión de descalificación y tienen derecho a solicitar reconsideración y apelar Plantearon los 4 codemandados que el mandato de la Asamblea General del PNP del 15 de mayo de 2006 que ordena a los legisladores del PNP elegir al Dr Pedro Rosselló como Presidente del Senado no tiene que ser acatada por ser contraria a la ley en particular a la Carta de Derechos del Elector supra No les asiste la razón En ambas cámaras de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico existen dos realidades políticas la pública o de jure y la político partidista Son dos realidades las que aunque separadas coexisten y se entrelazan El Art 21 del Código Político 2 L P R A sec 2 establece que los miembros del Senado sin hacer referencia a la mayoría parlamentaria elegirá en la primera sesión los oficiales del Senado Como antes vimos la realidad es otra Véase Reglamento del P N P del 2005 Art 45 Es ilegal el mandato de la Asamblea General por no estar vacante la presidencia del Senado La contestación no Se trata de una decisión tomada por un organismo rector del P N P dirigida a sus electores afiliados y no a los senadores No hay ley en esta jurisdicción que prohíba a un partido político impartir instrucciones a los electores afiliados que ocupen cargos públicos sobre las acciones a tomar para cumplir sus planes acuerdos compromisos y programas Los partidos políticos no dejan de existir una vez pasada las elecciones Después de una elección general estos organismos dan cohesión a la labor de los funcionarios electos para alcanzar sus compromisos programáticos También debemos resolver si está impedido el P N P por la Carta de Derechos del Elector contenida en la Ley Electoral Art 2 001 en específico en su inciso 6 supra de no calificar los codemandados por éstos tener derecho a disentir sobre asuntos que no sean programáticos o reglamentarios Habiendo este Tribunal establecido que nointervendrá con la conclusión del P N P consistente en que los 4 codemandados no deben ser calificados por no cumplir con los requisitos reglamentarios de disciplina lealtad compromiso y fidelidad hacia el partido determinamos que la parte demandante satisfizo el requerimiento de la Carta de Derechos del Elector Art 2 001 6 supra al tomar su decisión de no calificar a los 4 codemandados quienes alegan ser disidentes por no cumplir con los requisitos reglamentarios para aspirar a cargos públicos bajo su insignia Señalan los codemandados que no pueden ser sancionados por disentir a tenor con lo establecido en la Carta de Derechos del Elector contenido en el Art 2 001 inciso 6 supra Sobre el derecho de los codemandados a disentir el Comité expresó en su resolución a la página 12 lo siguiente El elector afiliado tiene derecho a disentir pero no a incumplir sus juramentos de fidelidad ni a imponerse caprichosa desafiante y temerariamente una vez los organismos rectores del partido ventilan sic un asunto y adoptan una posición institucional por votación mayoritaria De hecho esa es la normativa reglamentaria del Partido Nuevo Progresista Dar una interpretación absoluta al término disentir como equivalente a imponerse desafiar y hasta incumplir juramentos de fidelidad institucional sería contradictorio al reconocimiento que la misma Ley Electoral Artículo 4 014 hace sobre la validez y la existencia de los reglamentos de los partidos políticos y los juramentos de fidelidad institucional que sus afiliados y candidatos deben hacer al colectivo Identificado un grado de tensión de entre los intereses del partido en mantener disciplina compromiso y fidelidad hacia su declaración de propósitos y el de los codemandados a disentir en relación con el mandato de la Asamblea General del 15 de mayo de 2005 el tribunal está llamado a considerar el valor principal tutelado por la Ley Electoral de proteger el derecho del ciudadano a expresarse mediante el voto Véase Kenneth McClintock Hernández et als v Thomas Rivera Schatz et als supra pág 20 Si bien los 4 codemandados son electores afiliados al P N P así mismo fueron electos a cargos públicos bajo la insignia de ese partido político y lo representan ante el pueblo Al suscribir los 4 codemandados la declaración de fidelidad al P N P se obligaron a respetar su declaración de propósitos reglamento y las decisiones de sus cuerpos rectores El derecho de los 4 codemandados a disentir con respecto con el interés del P N P a elegir al doctor Pedro Rosselló como Presidente del Senado una vez es discutido internamente y tomada una decisión por la Asamblea General el organismo rector de mayor jerarquía la cuestión original se transforma en un interés en mantener la disciplina y la unidad institucional Por ello concluimos que el interés de los 4 codemandados a disentir no puede tener un rango de mayor jerarquía que el del P N P en mantener su integridad disciplina y unidad porque de lo contrario se plantaría por el tribunal una semilla de discordia en el seno del partido El Art 2 001 6 de la Ley Electoral supra reconoce que los electores tienen derecho a disentir sobre cuestiones no reglamentarias Eso no quiere decir que como el Reglamento del P N P de 2005 no establece que el doctor Pedro Rosselló debe ser elegido como Presidente del Senado los 4 codemandados tienen derecho a disentir sobre esa cuestión por no ser una reglamentaria Esa posición es una simplista Entendemos que entre las cuestiones reglamentarias a las que se refiere el Art 2 001 6 supra es al mandato de sus organismos rectores Esta a nuestro entender es la interpretación que hace un balance adecuado entre los intereses de los electores y los del partido político Una interpretación contraria violentaría el derecho fundamental de los partidos a la libertad de asociación Por todo lo ante expuesto el tribunal declara la demanda con lugar Se le ordena a la Comisión Estatal de Elecciones acatar la decisión del P N P de no calificar a Jorge de Castro Font Luz Z Arce Ferrer Carlos Díaz Sánchez y Migdalia Padilla Alvelo Inconformes el 1 de octubre de 2007 los Senadores presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones Región Judicial de San Juan dónde señalaron que el Tribunal de Primera Instancia había cometido los errores siguientes A Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que los partidos políticos tienen la facultad de decidir asuntos que la Constitución reservó para los miembros de los cuerpos legislativos B Erró el Tribunal de Primera Instancia al insinuar que la Ley Electoral tiene visos de inconstitucionalidad C Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el PNP le brindó el debido proceso de ley a los senadores recurrentes D Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar al caso de autos a tenor con la doctrina de cosa juzgada E Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la demanda que incoó el PNP por 1 No presentar prueba el PNP suficiente en derecho para descalificar a los senadores recurrentes 2 Al ignorar que toda actuación de los senadores recurrentes están protegidos por la inmunidad parlamentaria F Erró el Tribunal de Primera Instancia al incumplir con las funciones que le asigna la Ley Electoral de adjudicar por sí misma la descalificación de aspirantes a puestos sujetos a elección El 7 de octubre de 2007 los Senadores presentaron ante nos un recurso de certificación el cual fue expedido el 8 de octubre de 2007 II A Cosa Juzgada Los Senadores levantaron la defensa de cosa juzgada y alegan que existe identidad de causa ya que ambos casos versan sobre si el P N P puede prohibirles participar en las primarias de ese partido por no acatar el mandato de elegir al Senador Rosselló González Presidente del Senado No les asiste la razón Veamos La doctrina de cosa juzgada tiene base estatutaria en el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico 31 L P R A sec 3343 el cual dispone lo siguiente Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en el cual sea invocada concurra la identidad más perfecta entre las cosas las causas las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron Énfasis nuestro La jurisprudencia interpretativa del Artículo 1204 supra ha expresado que tanto la doctrina de cosa juzgada como su modalidad de impedimento colateral tienen como propósito el proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la misma controversia En esencia busca promover la economía judicial y administrativa al evitar litigios innecesarios y evitar decisiones inconsistentes Pagán Hernández v U P R 107 D P R 720 1978 Pereira v Hernández 83 D P R 160 1961 Según expresa el profesor José María Manresa y Navarro en su obra Comentarios al Código Civil Español el referido artículo se limita a brindar las reglas para que la resolución de un caso a través de un juicio enerve la acción entablada en otro por la santidad que merece la cosa juzgada y el respeto de toda sentencia ejecutoria Sin embargo añade que no regula los efectos jurídicos que el debate en un pleito y resolución que lo termine hayan de producir en otro asunto igual o idéntico en que no se haya estimado aquella excepción dadas las circunstancias de cada caso y relaciones jurídicas que puedan mediar entre los contendientes y la causa u origen de las reclamaciones posteriores J M Manresa Comentarios al Código Civil Español 6ta ed rev Madrid Ed Reus 1967 T VIII Vol 2 pág 283 Así también expresa que no cabe referir la cosa juzgada a resoluciones que por cualquier motivo no juzgaron esto es no decidieron nada sobre el punto controvertido en el pleito en que la excepción es invocada Íd pág 288 Para que sea efectiva la presunción de cosa juzgada en un pleito ulterior resulta indispensable que exista la más perfecta identidad tanto en el plano objetivo de las cosas y las causas como en el plano subjetivo de las personas litigantes y la calidad en que lo fueron en el caso resuelto por la sentencia y aquel en que dicha defensa afirmativa sea invocada Autoridad de Acueductos v Reyes 77 D P R 10 14 16 1954 Silva v Doe 75 D P R 209 214 1953 Vidal v Monagas 66 D P R 622 1946 Junta Insular de Elecciones v Cortes 63 D P R 819 1944 Lausell Marxuach v Díaz de Yáñez 103 D P R 533 1975 Pagán Hernández v U P R supra La más perfecta identidad entre los elementos subjetivos y objetivos de las sentencias en relación exige un juicio comparativo entre la sentencia anterior y las pretensiones del posterior proceso a los fines de determinar si concurren o no las identidades por razón de las personas litigantes del objeto litigioso y de la causa de pedir La cosa responde básicamente al objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción En este sentido hemos expresado que un criterio certero para determinar la identidad del objeto es si un juez está expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente entonces podemos afirmar que existe identidad de objeto y cosa juzgada Lausell Marxuach v Diaz de Yañez supra Citando a E Jiménez Asenjo Sobre el Alcance Real de la Cosa Juzgada 184 Rev Gen de Leg y Juris 63 73 nota 1 1948 En este sentido el profesor Manresa señala que cuando se trata de identidad de cosas el género y la identidad de título y de obligación en que se basa el litigio será la regla atendible De este modo negado el derecho a una cosa principal debe entenderse resuelto lo relativo a las cosas accesorias o subordinadas pero no viceversa Y añade cuando se declaran derechos verbigracia usufructo posesión uso etc puede una misma cosa ser objeto de diferentes litigios salvo el caso de fundarse todos esos derechos en una misma causa ya resuelta verbigracia o un mismo contrato declarado nulo Por tanto es de rigurosa observancia que ambos litigios versen sobre idéntico objeto para que se dé la cosa juzgada pues aún cuando correspondan al mismo asunto pueden concurrir circunstancias o estados que induzcan a distinta conclusión en el orden jurídico J M Manresa y Navarro op cit pág 299 En lo referente a la causa dicho término posee un sentido que no es de razón o motivo de un contrato o acto jurídico significando el fundamento capital el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas Lausell Marxuach v Diáz de Yañez supra pág 536 Véase además J Manresa y Navarro op cit pág 308 En otras palabras la causa equivale al fundamento o razón de pedir La identidad de causas existe cuando los hechos y fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a la cuestión planteada A P Gen Contractors v Asoc Caná 110 D P R 753 765 1981 Igual criterio es aplicable en cuanto a la identidad y calidad de personas Se considera en la práctica cumplida cuando los litigantes o las personas del segundo pleito ejercitan la misma acción que se ejercitó en el primero invocan iguales fundamentos y apoyan su pretensión en los mismos títulos Es decir que una misma sea la relación jurídica que fue materia de resolución en ambos litigios aunque sean físicamente distintas las personas que en ellos intervinieron J M Manresa y Navarro op cit pág 319 En este proceso evaluativo cabe puntualizar que es la parte dispositiva de las sentencia la que puede producir cosa juzgada no así los fundamentos Íd pág 295 Además se precisa que la sentencia primera en que la excepción de cosa juzgada se apoye haya resuelto sobre el fondo del asunto Íd pág 297 En Millán v Caribe Motors 83 D P R 494 507 1961 señalamos que la mejor prueba para determinar si una sentencia anterior es un impedimento para una acción subsiguiente es inquirir si la misma evidencia es suficiente para sostener ambas acciones Por el contrario si para sostener las acciones se necesita evidencia distinta entonces se trata de causas de acción diferentes y la primera sentencia no es impedimento para litigar la otra causa de acción Margarita Mercado Riera et al v Mario Mercado Riera y otros 100 D P R 940 1972 Siendo de aplicación la doctrina de cosa juzgada la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litigue en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas las cuestiones ya litigadas y adjudicadas Impide además litigar aquellas cuestiones que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior y no se plantearon No obstante conviene puntualizar que la aludida doctrina no debe ser aplicada de forma rígida ni automática Méndez v Fundación 2005 T S P R 101 2005 J T S 106 165 D P R En Pérez v Bauzá 83 D P R 220 1961 y en Millán v Caribe Motors Corp supra expresamos que un tribunal no debe aplicar la doctrina de cosa juzgada en forma inflexible si al así hacerlo se derrotan los fines de la justicia especialmente si se plantean consideraciones de interés público De este modo dejamos claro que la doctrina de res judicata no es absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable principio de que debe dispensarse justicia en cada caso A esos efectos hemos resuelto lo siguiente Según se ha expresado la doctrina descansa en el principio básico de que debe propiciarse la terminación de litigios pero si la aplicación rigurosa de la misma derrotaría en la práctica un derecho permeado en alguna forma del interés público los tribunales se inclinan hacia la solución que garantice cumplida justicia en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a un principio de conveniencia y orden procesal Énfasis suplido Íd Citando a Universal Const Co v City of Fort Lauderdale 68 So 2d 366 Fla 1953 Hemos reconocido además como excepciones a la doctrina de cosa juzgada las siguientes una sentencia previa la cual es nula o que fue dictada basándose en un allanamiento de partes que es nulo Vidal v Monagas supra una sentencia previa dictada sin jurisdicción una sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se intentó pero que no se pudo lograr por razones ajenas a la voluntad del apelante fraude o aquella que derrota los fines de la justicia y los casos que están permeados de consideraciones de orden público Riera v Piza 85 D P R 268 274 1962 Suárez Fuentes v Tribunal Superior 88 D P R 136 1963 Feliciano Ruiz v Alfonso Develop Corp 96 D P R 108 114 1968 Pagán Hernández v U P R supra pág 736 Millán v Caribe Motors Corp supra pág 509 La doctrina de cosa juzgada no debe aplicarse inflexiblemente especialmente cuando al hacerlo se desvirtúan los fines de la justicia produce resultados absurdos o cuando se plantean consideraciones de interés público Meléndez v García 158 D P R 62 92 2002 Concluimos que no existe identidad de causa entre el presente caso y McClintock Hernández v Rivera Schatz 2007 T S P R 121 Opinión de 12 de junio de 2007 McClintock Hernández v Rivera Schatz supra versaba sobre las sanciones impuestas a los Senadores por no acatar el mandato de la Asamblea General del P N P mucho antes que se abriera el proceso de presentación de intención de candidaturas al Senado de Puerto Rico para la primaria a celebrarse el 9 marzo de 2008 A esos efectos el Tribunal de Primera Instancia aclaró en ese caso que los tribunales en ningún momento resolvieron que los aquí peticionarios tuvieran el derecho absoluto de participar en las primarias del Partido Nuevo Progresista sin antes cumplir como todo aspirante a primarias con los procedimientos dispuestos en la Ley Electoral supra que incluye el proceso de descalificación de candidatos El foro primario se pronunció expresamente que ese caso dilucidó el tema de la destitución y de

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  • La criminalización de los movimientos sociales - Núm. 9, Enero 2013 - Revista Clave - Libros y Revistas - VLEX 525932050
    García Páginas 28 36 EXTRACTO GRATUITO Ver página siguiente Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex Consulta este documento y prueba GRATIS vLex durante 7 días PRUÉBALO GRATIS Búsquedas relacionadas impacto social de la violencia reglamento de la ley del seguro social responsabilidad social de la empresa coca cola Administrador de la herencia Bienes de la herencia Determinación de la incapacidad Ejecución de la sentencia

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  • Núm. 9, Enero 2013 - Revista Clave - Libros y Revistas
    criminalización de los movimientos sociales El proceso de adopción del concepto de calles completas como política pública en Puerto Rico Descriminalización de las drogas en Puerto Rico Es esto una alternativa viable En busca del libro perdido El acceso a la lectura como estrategia social y económica para alcanzar los ideales truncados de la sección 20 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico National Defense Authorization

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  • El proceso de adopción del concepto de calles completas como política pública en Puerto Rico - Núm. 9, Enero 2013 - Revista Clave - Libros y Revistas - VLEX 525932210
    política pública en Puerto Rico Autor Luis Enrique García Rosado Páginas 37 82 EXTRACTO GRATUITO Ver página siguiente Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex Consulta este documento y prueba GRATIS vLex durante 7 días PRUÉBALO GRATIS Búsquedas relacionadas departamento obras publicas de puerto rico politica publica de educacion politica publica definicion Subasta pública Otros documentos interesantes Trascendencia del Derecho Laboral A la hora de

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  • Descriminalización de las drogas en Puerto Rico: ¿Es esto una alternativa viable? - Núm. 9, Enero 2013 - Revista Clave - Libros y Revistas - VLEX 525932338
    SOPORTE Libros y Revistas Revista Clave Núm 9 Enero 2013 Descriminalización de las drogas en Puerto Rico Es esto una alternativa viable Autor María de los Ángeles Ramos Cruz Páginas 83 102 EXTRACTO GRATUITO Ver página siguiente Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex Consulta este documento y prueba GRATIS vLex durante 7 días PRUÉBALO GRATIS Búsquedas relacionadas agresion sexual en puerto rico departamento obras

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  • En busca del libro perdido...El acceso a la lectura como estrategia social y económica para alcanzar los ideales truncados de la sección 20 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico - Núm. 9, Enero 2013 - Revista Clave - Libros y Revistas - VLEX 525932406
    y económica para alcanzar los ideales truncados de la sección 20 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico Autor María Fernanda Vélez León Páginas 103 120 EXTRACTO GRATUITO Ver página siguiente Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex Consulta este documento y prueba GRATIS vLex durante 7 días PRUÉBALO GRATIS Búsquedas relacionadas derecho a la salud constitucion derechos fundamentales de la

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  • National Defense Authorization Act - ¿Amenaza a los Derechos Humanos? - Núm. 9, Enero 2013 - Revista Clave - Libros y Revistas - VLEX 525932458
    Derick Ruiz Rosado e Iván Salcedo Maldonado Páginas 121 137 EXTRACTO GRATUITO Ver página siguiente Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex Consulta este documento y prueba GRATIS vLex durante 7 días PRUÉBALO GRATIS Búsquedas relacionadas Violación a los derechos humanos carta de derechos humanos de puerto rico carta internacional de los derechos del niño deberes y derechos de los niños derechos de los hijos

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  • Trasfondo de la Revista - Núm. 9, Enero 2013 - Revista Clave - Libros y Revistas - VLEX 525931914
    PRUÉBALO GRATIS Búsquedas relacionadas Administrador de la herencia Bienes de la herencia Determinación de la incapacidad Ejecución de la sentencia Impugnación de la paternidad Industria de la construcción Liquidación de la sociedad Obligaciones de la patria potestad Organigrama de la empresa Privación de la patria potestad Otros documentos interesantes Estudio de las doctrinas patrono sucesor álter ego y un solo patrono en el ámbito federal y local Experiencias de Legislaciones

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